The Educational Service In The Mining Corporation Of Bolivia (1952-1987)
Campos Lora, Carola Docente carrera Ciencias de la Información Universidad Mayor de San Andrés
La Paz, Bolivia https://orcid.org/0009-0001-2490-443X
En 1952 Bolivia tenía una población mayoritariamente analfabeta, y predominantemente rural. En este contexto, el proceso revolucionario dio paso a la Nacionalización de las Minas, y a la creación de la Corporación Minera de Bolivia, encargada de administrar las minas nacionalizadas. Se pretende demostrar, a través de la revisión y análisis comparativo de documentos históricos inéditos que nunca fueron revisados, que la participación de los representantes de los trabajadores mineros en el Directorio General, conquista del movimiento obrero minero, fue determinante para alcanzar el desarrollo de un modelo educativo vanguardista en Bolivia, logrando bajar drásticamente los índices de analfabetismo. Sin embargo, en 1985, los servicios educativos en la COMIBOL se cierran, y son transferidos al Tesoro General de la Nación. Con este hecho, Bolivia ingresa a un
índices de pobreza extrema, con incidencia negativa en la educación boliviana.
In 1952 Bolivia had a largely illiterate, and predominantly rural, population. In this context, the revolutionary process gave way to the Nationalization of the Mines, and the creation of the Bolivian Mining Corporation, in charge of managing the nationalized mines. It is intended to demonstrate, through the review and comparative analysis of unpublished historical documents that were never reviewed, that the participation of the representatives of the mining workers in the General Directory, an achievement of the mining labor movement, was decisive in achieving the development of a avant-garde educational model in Bolivia, managing to drastically reduce illiteracy rates. However, in 1985, the educational services at COMIBOL were closed, and were transferred to the General Treasury of the Nation. With this fact, Bolivia enters a new political and economic model
h rates of extreme poverty, with a negative
impact on Bolivian education.
En 1952, la Bolivie avait une population majoritairement analphabète et majoritairement rurale. Dans ce contexte, le processus révolutionnaire a donné lieu à la nationalisation des mines et à la création de la Société minière bolivienne, chargée de gérer les mines nationalisées. Il s'agit de démontrer, à travers la revue et l'analyse comparative de documents historiques inédits et jamais examinés, que la participation des représentants des travailleurs miniers au Directoire général, acquis du mouvement ouvrier minier, a été décisive pour réaliser le développement. d'un modèle éducatif d'avant-garde en Bolivie, parvenu à réduire considérablement le taux d'analphabétisme. Cependant, en 1985, les services éducatifs de la COMIBOL furent fermés et transférés à la Trésorerie Générale de la Nation. De ce fait, la Bolivie entre dans un nouveau modèle politique et économique
Em 1952, a Bolívia tinha uma população em grande parte analfabeta e predominantemente rural. Neste contexto, o processo revolucionário deu lugar à Nacionalização das Minas e à criação da Corporação Mineira Boliviana, encarregada de gerir as minas nacionalizadas. Pretende-se demonstrar, através da revisão e análise comparativa de documentos históricos inéditos e nunca revistos, que a participação dos representantes dos trabalhadores mineiros no Diretório Geral, uma conquista do movimiento operário mineiro, foi decisiva para alcançar o desenvolvimento de um modelo educacional de vanguarda na Bolívia, conseguindo reduzir drasticamente as taxas de analfabetismo. Porém, em 1985, os serviços educacionais da COMIBOL foram encerrados e transferidos para a Fazenda Geral da Nação. Com este facto, a Bolívia ingressa num novo modelo político e económico
impacto negativo na educação boliviana.
La educación es una función social general y una necesidad pública. En Bolivia se
promover mediante su acción permanente y continua el desarrollo individual y el proceso social del pueblo boliviano. En este contexto, las empresas públicas tienen la obligación de cumplir las normas bolivianas relacionadas con educación.
La Corporación Minera de Bolivia, con alta trascendencia económica y política en Bolivia, sostuvo por mandato legal y necesidad social los servicios de educación desde 1952 hasta 1987, tiempo en el que el gobierno del Dr. Víctor Paz Estenssoro impone la reestructuración empresarial provocando el cierre de varias empresas mineras y transferencias a emprendimientos privados, a través del DS. 21060.
El servicio educativo en la COMIBOL estaba estructurado, organizado y orientado de acuerdo con el modelo nacional y con sujeción a las políticas educativas formuladas por el gobierno por intermedio del Ministerio de Educación, pero con componentes diseñados particularmente por las políticas educativas al interior de la propia entidad minera estatal.
Como ninguna otra empresa pública desarrolló un programa educativo transversal, inclusiva, e integral, estimulando a los hijos de los trabajadores, a los trabajadores, y amas de casa, a la superación personal. La educación, desde la organización sindical (Federación de Mineros y Sindicatos Mineros), tuvo fuerte presencia en el Directorio General mediante el Control Obrero, primero, luego con la cogestión obrera, quienes influenciaron de manera decisiva en la definición de la política educativa al interior de la entidad minera. La investigación pretende demostrar que, con la presencia de los representantes de los trabajadores mineros, en el Directorio General de la COMIBOL, se logró la implementación de un modelo educativo con excelentes resultados, superando los altos índices de analfabetismo en las empresas mineras, y comunidades aledañas.
Con base a la revisión de fuentes secundarias, y primarias inéditas, a través del método descriptivo, y la recolección de información se analiza las características del
modelo educativo propuesto por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, a través de sus representantes en el Directorio General de la COMIBOL, y los resultados alcanzados. Para este objetivo, se logró compilar el marco jurídico relacionado con la educación boliviana, las características de la comunidad en las empresas mineras, la toma de decisiones de las autoridades empresariales, que definieron la política educativa minera, y la implementación del modelo educativo, y los resultados.
La obligación de las empresas mineras para cooperar con el Estado en la educación y su desarrollo empieza a principios del siglo XX con el establecimiento en Bolivia de las primeras grandes empresas mineras. Las disposiciones legales, en las que basaban la obligatoriedad de desarrollar los servicios educativos en el ámbito minero fueron las siguientes:
Artículo 5° del Estatuto de Educación, aprobado en julio de 1930, determina la ayuda compulsiva que deben prestar las empresas a la educación del país.
Decreto Ley de 19 de agosto de 1936, reglamenta la anterior disposición.
Decreto Supremo N° 320 de 15 de mayo de 1945, reitera el cumplimiento del Decreto anterior.
La Ley General del Trabajo establece que todas las empresas mineras deben tener una escuela.
Ley N° 22 de 26 de octubre de 1949 y el Decreto Reglamentario N° 1906 de 26 de enero de 1950, reconocen a los profesores los beneficios acordados por las leyes sociales a los trabajadores.
Código de la Educación Boliviana aprobada en 1955 expresa en sus Art. 3° que se admite la libertad de enseñar, bajo la tuición y control del Estado, que consiste en el derecho inalienable de encausar, vigilar y controlar el desenvolvimiento de la enseñanza en
los establecimientos fiscales y particulares, conforme a los intereses generales de la Nación. El Art. 10° expresa que independientemente de la acción del Estado, corresponden a las personas e instituciones privadas contribuir al sostenimiento y al fomento de la educación pública. Art. 12°: los patrones y empleadores, las empresas y propietarios que tengan en su área de trabajo veinticinco o más niños en edad escolar, están obligados a fundar y sostener por su cuenta, cursos o establecimientos primarios en condiciones técnico-pedagógicas. Art. 17: Los haberes y categorías del personal docente de los establecimientos particulares, en ningún caso serán inferiores a los que reciben los maestros fiscales en sus respectivos ciclos y especialidad, por trabajo anual.
El DS. 5735 de 10 de marzo de 1961 establece la obligación de las empresas de sostener por su cuenta centros de alfabetización para sus trabajadores.
Decreto Supremo N° 09177 aprobado en 1970 establece en su Art. 49°: las empresas públicas y privadas que tengan a su servicio más de diez trabajadores analfabetos están obligados a organizar y sostener por su cuenta cursos o centros de alfabetización, conforme a las normas establecidas por las autoridades técnicas de la Dirección Nacional de Alfabetización y Educación de Adultos.
Decreto Supremo N° 09840 de 1971, señala en su Art. 3°: Los servicios educativos del sector público descentralizado, dependen en lo técnico-pedagógico del Ministerio de Educación y Cultural (Art. 324 C.E.); en lo tocante a beneficios sociales, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sindicales (Art. 169 C.E.) y en lo administrativo y económico de las respectivas empresas o entidades descentralizadas del Estado (Art. 12 C.E.)
Decreto Supremo N° 10704 de 1973, Art. 31: La educación primaria en los ciclos básicos e intermedio tiene ocho grados y es obligatoria. El Estado, las empresas descentralizadas e industriales, tienen la obligación de sostener económicamente y de acuerdo con la Ley, agencias educativas de este nivel. Art. 101°: Las unidades educativas fiscales y privadas y descentralizadas, están sometidas y se rigen por el Cuerpo de objetivos, estructura, Planes y Programas oficialmente aprobados.
Decreto Supremo N° 10882 de 1973 y complementarios. Art. 2°: los costos que demande la educación media que se halla bajo la administración directa de la Corporación
Minera de Bolivia, serán cargados a regalías por exportación de minerales que paga el Estado.
Status Legal del Servicio de Educación: El Decreto Supremo N° 09840 de 11 de agosto de 1971, establece que los servicios educativos sostenidos por las empresas descentralizadas como es el caso de la COMIBOL dependen: a) En lo técnico-pedagógico del Ministerio de Educación y Cultura que dirige la política educativa del Estado. b) En lo administrativo y económico de las respectivas empresas o entidades descentralizadas del Estado. c) En lo tocante a beneficios sociales, los profesores dependen del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
En 1952 con la nacionalización de las minas pasan a depender de la COMIBOL todas las escuelas de las ex empresas nacionalizadas (Patiño, Hochschild y Aramayo), que atendían a 6.416 alumnos de nivel primario.
El 13 de marzo de 1953 en la Sexagésima Segunda reunión, el Directorio General de la COMIBOL organiza la primera estructura salarial del personal de los servicios educativos:
Asimismo, se define que por cada categoría en las escuelas donde haya cursos con más de 40 alumnos, se pagaría una bonificación, de acuerdo a la siguiente escala:
Definen también que en aquellas empresas donde rige el horario continuo los maestros percibirían un sobresueldo del 50%.
En diciembre de 1954 la COMIBOL crea la Sección Técnica de Educación, con sede en la Empresa Minera Catavi, y desde 1961 funciona en la Oficina Central - La Paz. Estaba encargada de la investigación, planeamiento, orientación y evaluación del trabajo escolar. Fue la segunda en su género en Bolivia, después del Instituto de Investigaciones Pedagógicas de Sucre, es allí donde se elaboran los antecedentes de la política educativa en la COMIBOL.
Con base al Art. 1 del Código de la Educación Boliviana de 1955, que establece que la educación boliviana es la suprema función del Estado, es universal, gratuita, obligatoria, democrática, única, colectiva, nacional, revolucionaria, antiimperialista, anti feudal, activa, vitalista y de trabajo, globalizadora, progresista y científica (Universidad Mayor de San Andrés 1955, 54-55) En 1956 la COMIBOL contrata los servicios del Profesor Humberto Quesada Ballón, quién había participado en la elaboración del Código de la Educación Boliviana en 1953. Quesada inicia el análisis de los servicios educativos para la elaboración de la política educativa en la Corporación. Desde 1954 la Sección Técnica, dos veces por año, elaboraba y aplicaba pruebas pedagógicas a todos los escolares, ensayando y revisando planes y programas de estudio, a través de la publicación de guías de evaluación y orientación para maestros. Sirvió como unidad de coordinación para las labores educativas entre todas las escuelas.
La COMIBOL fundamentó la existencia de sus servicios educativos en la legislación boliviana que sustentan la educación nacional, de acuerdo al siguiente análisis: ASPECTOS POLITICO ADMINISTRATIVOS Consideró a la educación como la suprema función del Estado. 2) Proporcionó educación gratuita y obligatoria a todos los hijos dependientes de sus trabajadores. 3) Reconoció el derecho que tenían los niños y jóvenes de ambos sexos para educarse de forma integral y educativa, así como los propios trabajadores y sus esposas.
En 1980 el Departamento de Educación de la COMIBOL establece un análisis sobre la población escolar en las empresas mineras con los siguientes datos:
era alfabeta y revela suficiente grado de instrucción. Sólo un porcentaje mínimo no había alcanzado la escolaridad básica.
b) Técnico-Industrial, en la que se formaban Bachilleres y Técnicos Medios.
Al margen de las obligaciones legales, se admitían en la matrícula escolar a los siguientes alumnos en los siguientes casos: Hijos de trabajadores que tenían relación indirecta con la empresa: Contratistas, Cooperativistas, Transportistas, Locatarios, Arrendatarios, etc. Hijos con personas particulares, ajenas a la empresa, en distritos mineros donde no existían servicios escolares
Hasta 1986 en la COMIBOL prestaban servicios 2.033 profesores, contaba con 111 establecimientos para los ciclos primarios, intermedios y medios, distribuidos en 19 empresas mineras.
Las causas principales del crecimiento de la población escolar señalan que la COMIBOL cumplía de manera real la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza como función social principal, y el aumento y crecimiento de las poblaciones mineras, debido a la apertura de nuevas fuentes de trabajo y la activa productividad empresarial.
acordeones y otros instrumentos de música, máquinas multicopiadoras, proyectoras, series fílmicas, menaje de cocina, comedor, vajillas, etc.
En 1953 el número de becarios no pasaba de 100, mientras en 1961 aumentó a 440, distribuidos en la Escuela Pedro Domingo Murillo, el Politécnico de Oruro y Universidades de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí. Había estudiantes en el extranjero, becados por la UNESCO, USAID y otros, a quienes se les declaraba en comisión por el tiempo que durara la beca, con el compromiso de que a su retorno presten servicios a la COMIBOL.
Primera Conferencia de Secretarios Generales y Controles Obreros, la Dirección Nacional de Sanidad de la COMIBOL y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, iniciaron los estudios para la creación de la Escuela de Enfermeras en la Empresa Minera Catavi (Crespo 2009, 94-95).
El presupuesto otorgado fue considerado el 15 de julio de 1953, en la Vigésima Sexta Sesión del Directorio General de la Corporación. La inauguración se produjo el 31 de octubre de 1953 con la participación de autoridades de la COMIBOL, y de la Federación de Mineros (Crespo 2009, 55).
Los servicios educativos en la COMIBOL eran gratuitos para los trabajadores. Esta conquista fue alcanzada por la Federación de Mineros y los Sindicatos existentes en cada empresa minera. A pesar de los conflictos sociales, las actividades escolares no paraban.
La COMIBOL sólo había heredado infraestructura de escuelas de las minas nacionalizadas; por lo que el Departamento de Educación logró la construcción de más establecimientos. En 1954 fundan el primer colegio secundario en Colquiri (Corporación
La educación en las minas era obligatoria, gratuita, coeducativa, no existían colegios ni escuelas rurales ni urbanas, tampoco liceos, tanto las niñas como los niños se formaban de manera integral en las mismas condiciones.
La perspectiva educativa en las escuelas de la COMIBOL, a partir de su política educativa, superaba toda educación elitista por su condición de clase. Los niños y niñas, al margen de su condición económica o social, se educaban en las mismas condiciones, oportunidades y exigencias.
La curricula educativa estaba estrechamente vinculada a una educación que propugnaba la reflexión, la crítica, la creación, la inclusión, la horizontalidad en la convivencia entre todos los niños. La formación era evidentemente humanista y liberadora (Freyre 1970, 45).
En 1985 el gobierno de Víctor Paz Estenssoro aprueba el DS. 21060 que establece la implantación en Bolivia de un nuevo modelo económico conocido como neoliberalismo, provocando el cierre de varias empresas mineras y su transferencia a empresas transnacionales, el despido masivo de más de 25.000 trabajadores mineros, identificados con el eufemismo de relocalizados, el cierre de los servicios médicos y educativos y la transferencia de todos sus bienes muebles e inmuebles al Tesoro General de la Nación.
Mediante el DS. 21377 de 25 de agosto de 1986, el gobierno dispone la modificación de la estructura orgánica de la COMIBOL estableciendo un modelo empresarial dirigido a la administración de contratos de riesgo compartido y de arrendamientos, cerrando sus actividades productivas.
El Art. 38 del citado Decreto Supremo establece que toda la infraestructura física, equipamiento y demás activos de los servicios de salud y educación, a cargo de la COMIBOL sean transferidos a la Caja Nacional de Salud y al Ministerio de Educación y Cultura, quienes, desde enero de 1987 se harían cargo de la organización y administración de estos servicios.
Con esta acción se cierra uno de los capítulos más importantes de la historia de la minería estatal representada por la COMIBOL. Todo el desarrollo corporativo y empresarial que había alcanzado respecto a las políticas educativas y de desarrollo social, se dejaron sin efecto, con un freno imparable: un nuevo modelo económico que establecía la reducción del aparato estatal, la destrucción de sus empresas estratégicas, y la anulación de los derechos sociales, conquista alcanzada por las luchas sociales. Con la firma de un Decreto Supremo, que no tenía la fuerza suficiente para anular los postulados de la Ley Especial de Nacionalización de las Minas, Bolivia inicia una etapa de empobrecimiento a gran escala. Los índices de desarrollo social y económico establecidos en el mapa de la pobreza, publicado en 1994 por el Instituto Nacional de Estadísticas muestran a un país que estaba ingresando en los umbrales de la indigencia.
La COMIBOL formuló una política educativa, sustentada con la base legal boliviana. Reglamentó, estructuró, organizó e implementó los servicios educativos desde 1953, bajo la dirección de la Federación de Mineros y Sindicatos Mineros, representado en el Directorio General con el Control Obrero, primero, y luego con la Cogestión Obrera.
Los servicios educativos estaban dirigidos a los niños, hijos de los trabajadores mineros en edad escolar, a los trabajadores que no sabían leer ni escribir, a sus familias, a los hijos de trabajadores fallecidos, a los hijos de trabajadores que tenían relación laboral indirecta con la COMIBOL, llegando a lugares donde no existía establecimientos educativo fiscales ni particulares.
La COMIBOL garantizó, y aseguró la salud con servicios médicos gratuitos, construyó infraestructura educativa moderna, y adecuada a nivel corporativo. Aseguró la dotación ropa, y zapatos para los estudiantes, alimentación escolar, materiales de trabajo, libros, y medios para una educación de alto nivel con la implementación de laboratorios, campos deportivos, talleres, y teatros. Las niñas, los niños, las mujeres, y los varones estudiaban en las mismas condiciones, sin distinción de género, ni clase social. No existían liceos, tampoco escuela rural ni urbana, simplemente escuela. Pese a los conflictos sociales en las empresas mineras, los servicios de educación no paraban, y se garantizaba la seguridad de los estudiantes. La educación para todos los ciclos era gratuita. COMIBOL se hizo cargo del presupuesto destinado a los servicios de educación.
Desde la creación de los Servicios Educativos en la COMIBOL, los índices de analfabetismo en las empresas mineras y poblaciones aledañas disminuyeron drásticamente, logrando desarrollo social, y calidad de vida de sus habitantes. La política educativa en las minas nacionalizadas se desarrolló bajo los postulados de Paulo Freyre que propugnaba la educación como instrumento de liberación. El DS. 21060 provoca el cierre de las empresas mineras dependientes de la COMIBOL. Se transfiere toda la infraestructura educativa al Tesoro General de la Nación, con lo que se cierra uno de los capítulos más importantes de la historia de la educación en Bolivia.
BO.SNM.A.L.CMB.ODS.AD.00001.0001/00001 (1952-1954). Actas del Directorio
BO.SNM.A.L/CMB.GRH.SE.00002.0010/00006 (1980) Informes Servicios Educativos BO.SNM.A.L./CMB.GRH.APE.0001.0001/0004 (1979). Expediente personal de Aillón Mancilla, Víctor Manuel
BO.SNM.A.L./CMB.GRH.SE.00002.0005. Estadísticas educativas
Bolivia. Decreto de Nacionalización de las Minas. 31 de octubre de 1952, elevado a rango de Ley el 29 de octubre de 1956.
Bolivia. Estatuto de Educación. Julio de 1930. Bolivia. Decreto Ley de 19 de agosto de 1936.
Bolivia. Decreto Supremo N° 320. 15 de mayo de 1945. Bolivia. Ley General del Trabajo. 8 de diciembre de 1942.
Bolivia. Ley N° 22. 26 de octubre de 1949, y Decreto Reglamentario N° 1906. 26 de enero de 1950.
Bolivia. Código de la Educación Boliviana. 1955. Bolivia. Decreto Supremo N° 5735. 1961.
Bolivia. Decreto Supremo N° 09177. 1970.
Bolivia. Decreto Supremo N° 09840. 1971.
Bolivia. Decreto Supremo N° 10704. 1973.
Bolivia. Decreto Supremo N° 10882. 1973.
Bolivia. Decreto Supremo N° 21377. 1986.
Bolivia. Decreto Supremo N° 21060. 1985.
tura educativa en la
-33.
Sygnus, 2009.
Freyre, Paulo. Pedagogía del oprimido. Río de Janeiro: Continuum, 1970.
Universidad Mayor de San Andrés. Anales de la legislación boliviana. La Paz: Facultad de Derecho-UMSA, 1955.